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ONU : hubo uso desproporcionado de la fuerza en Ecuador

ONU : hubo uso desproporcionado de la fuerza en Ecuador

Por invitación del propio Ejecutivo, una misión del Alto Comisionado investigó los posibles abusos entre el 21 de octubre y el 8 de noviembre.

Según los datos recabados, durante los once días de disturbios sociales (del 3 al 13 de octubre de 2019), al menos nueve personas murieron y 1507 resultaron heridas, entre las que figuraban 435 miembros de las fuerzas de seguridad. Hay denuncias de que muchas de estas personas fueron detenidas arbitrariamente.

"Los disturbios del mes pasado tuvieron un alto coste humano", ha lamentado Bachelet, quien ha insistido que "las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas".

A pesar de que la Fiscalía y la Policía han iniciado 17 y 31 investigaciones, respectivamente, el Alto Comisionado ha instado a analizar caso por caso las circunstancias de todas las víctimas, así como a revisar los protocolos internos de las fuerzas de seguridad para verificar que cubren los criterios internacionales.

La expresidenta chilena, que también envió una misión investigadora similar para investigar las protestas en su país cuyos resultados serán pronto publicados, instó a todos los actores en Ecuador a que dialoguen para prevenir nuevos conflictos y construir una sociedad inclusiva, intercultural y pacífica.

Asimismo, pidió desarrollar investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos - incluyendo muertes, violaciones de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, y detenciones arbitrarias - y el saqueo y la destrucción de propiedades públicas y privadas, entre otras, perpetrados durante las manifestaciones. Así, ha lamentado los casos de ataques contra ambulancias, la destrucción de propiedades y los cortes del suministro de agua, entre otros incidentes evitables registrados durante los disturbios.

Según informes oficiales, "más de 400 policías y militares fueron detenidos contra su voluntad y sometidos a hostigamiento y malos tratos", asegura el informe.

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Por otro lado, se registraron más de 100 agresiones a periodistas que cubrían las protestas, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de los manifestantes, la señal de algunos medios de comunicación fue cortada y varias instalaciones de otros medios sufrieron actos vandálicos.

En el informe también se destaca que algunos manifestantes también recurrieron a la violencia y varios individuos sin identificar han sido acusados de incitar a la violencia y de ejercerla.

"El gobierno ecuatoriano debería promover la participación de todos los ecuatorianos en los asuntos públicos (...) y velar por que cualquier decisión económica que afecte a la población se adopte de manera transparente", señaló en un comunicado difundido en su página web.

Según la diplomática, la discriminación contra los pueblos indígenas "también debería ser objeto de preocupación y prioridad para el Gobierno".

A su juicio, "es sumamente importante que la sociedad en su conjunto, con el liderazgo del Gobierno, emprenda la búsqueda de vías que lleven a la comprensión mutua, con miras a construir una sociedad integradora, pluricultural y pacífica".

Finalmente, la Alta Comisionada agradeció a las autoridades ecuatorianas que permitieran el escrutinio internacional y que las instituciones del Estados colaboraran con la misión.

La misión se entrevistó, entre otros, con funcionarios del gobierno y con representantes de la sociedad civil, grupos indígenas, periodistas, sindicalistas, trabajadores del sector sanitario y empresarios.