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Expertos de la ONU condenan uso excesivo de la fuerza en Chile

Expertos de la ONU condenan uso excesivo de la fuerza en Chile

"El elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no letales parecen indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y violó los requisitos de necesidad y proporcionalidad", señalaron en una declaración escrita.

En un informe, destacaron que hasta la fecha se cuentan al menos 20 muertos y cerca de 1.600 personas heridas, incluyendo uniformados y civiles. "También han sido detenidas miles de personas, entre ellas niños, niñas y adolescentes".

En el texto, los expertos también muestran preocupación por las denuncias de abuso sexual perpetuado por fuerzas del orden durante detenciones en las marchas: "Las mujeres y los niños han participado activamente en las protestas en curso y el Estado debe abordar sus preocupaciones específicas en materia de producción".

EEUU responsabiliza a régimen cubano de escasez de alimentos en la isla
Asimismo, acusó al gobierno cubano de pagar petróleo robado de Venezuela con "tácticas de inteligencia y represión". Cuba , fértil y tropical, importa 70% de sus alimentos sin medios para pagarlos.

"El Gobierno de Chile tiene la obligación no solo de respetar los derechos humanos, sino de proteger a las personas contra los actos de violencia cometidos por particulares. Debe permitir que las protestas se lleven a cabo aislando a los que recurren a la violencia, al mismo tiempo que garantiza que todas las personas en el país puedan disfrutar de sus derechos".

Por último, el comunidado de la misión de la ONU expresó que evaluará la situación de los derechos humanos relacionados con las protestas y el estado de emergencia en Chile, incluyendo la identificación de los principales patrones de violaciones de derechos humanos, la respuesta de las instituciones del Estado y las causas relacionadas con las protestas.

Los investigadores internacionales, quienes han mantenido permanente contacto con las autoridades chilenas, manifestaron su voluntad de determinar las responsabilidades en casos de violaciones de los derechos humanos, particularmente, aquellas cometidas por agentes del Estado.