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ONU denuncia "impunidad" ante "graves" violaciones de derechos humanos en Nicaragua

ONU denuncia

La Alta Comisionada de la ONU indicó en su informe haber documentado "graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas" en Nicaragua.

De lunes a viernes por la tarde.

La ONU observa que “se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo”.

La violencia dejó más de 325 muertos y 2.000 heridos, 62.500 exiliados, cientos de opositores encarcelados y una profunda recesión económica.

Entre las "graves" violaciones documentadas por la oficina, destaca "el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que se materializó en varias ejecuciones extrajudiciales y en maltrato generalizado, registrándose casos de tortura y violencia sexual en los centros de detención".

El país atraviesa una grave crisis desde abril de 2018, luego que estallara una ola de protestas sociales que derivó en pedir la salida de Ortega de la presidencia.

"Estas decisiones supusieron el fin de las actividades internacionales de monitoreo in situ de los derechos humanos en Nicaragua".

Bachelet también hizo un llamado para que se garantice el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación; y condene y sancione públicamente todo ataque o intimidación a los defensores de derechos humanos, los líderes comunitarios, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y a toda persona crítica con el Gobierno, entre otros.

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Ese asunto debe ser tratado en la familia, no puede ser inducido, sea en la escuela, en la edición de libros , sea donde sea", afirmó.

En el informe, Michelle Bachelet pone en entredicho la actuación de la policía y los elementos progubernamentales.

Hasta la fecha, las autoridades no han investigado con diligencia e imparcialidad las denuncias de torturas y malos tratos contra personas bajo custodia, señala el informe.

El informe recomienda la “investigación y el enjuiciamiento penal rápido, exhaustivo y transparente de todas las denuncias de violaciones graves de los derechos humanos ocurridos desde el 18 de abril de 2018”.

La Alta Comisionada pide al Estado de Nicaragua que reanude de manera urgente un diálogo significativo e inclusivo, en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, e implemente plenamente los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica en marzo de 2019.

El documento ha sido elaborado por el organismo que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, quien lo presentará el próximo día 10 al Consejo de Derechos Humanos que se reunirá en Ginebra.

"El Gobierno y los elementos progubernamentales continuaron reprimiendo la disidencia", incluso después de haber iniciado el pasado febrero un proceso de diálogo con la oposición que ha resultado infructuoso y que ahora está paralizado, asegura el informe.

Como ejemplo, se relata un hecho ocurrido en junio, cuando elementos progubernamentales atacaron con el consentimiento de agentes de la policía a los asistentes a un servicio religioso por el primer aniversario del asesinato de un adolescente en una manifestación.

El derecho a un juicio justo sigue siendo un problema en Nicaragua, el informe muestra las irregularidades de las instituciones del Estado, en el caso de "un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia que dimitió en enero de 2019, declaró que los cargos contra las personas involucradas en las protestas de 2018 obedecían a motivaciones políticas, y que los jueces, por miedo a ser despedidos, dictaron sentencias ajustadas a la versión del Gobierno del fallido golpe de Estado".