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Poder Judicial declaró inconstitucional adeudo fiscal de Interjet

Poder Judicial declaró inconstitucional adeudo fiscal de Interjet

Para forzar el cobro de deudas fiscales, que se acumularon entre 2013 y 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó a Interjet y designó a una interventora con cargo a la caja, el pasado 27 de junio. Para destinarlos al pago de impuestos pendientes, sin descuidar el previo pago de salarios y gastos operativos, informó el diario.

Aunque consideró erróneas las diferencias de impuestos con la institución, por lo que las está impugnando.

Esto, se después de que el pasado 19 de julio un juez federal concedió una suspensión provisional contra la designación de interventora, con la condición de que Interjet diera una garantía equivalente al 10 por ciento de sus ingresos mensuales, sin embargo, la empresa aseguró que era "incosteable".

Además, el juez rechazó suspender la inscripción del embargo de un inmueble de la aerolínea en el Registro Público de la Propiedad, así como la anotación del embargo en los registros marcarios que tiene ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En la sentencia consultada hoy por REFORMA fue censurado el monto de la deuda de Interjet, pero se trata de créditos por los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2017, que solo fueron pagados parcialmente.

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Interjet es propiedad del empresario Miguel Alemán Magnani y su CEO es William N.A. Shaw.

El pasado 1 de agosto, Shaw informó que en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) compensarían y atenderían a los más de 21 mil pasajeros afectados por los 133 cancelados entre el 29 y 31 de julio pasados.

Para atender las deficiencias, la empresa anunció la contratación de 63 pilotos y sobrecargos.

El Poder Judicial finalmente otorgó la suspensión definitiva y declaró la inconstitucionalidad del cobro de un adeudo fiscal por parte de Interjet.

Explica que cuando el SAT determina un adeudo fiscal, esta resolución se presume válida mientras no sea declarada nula o inconstitucional por un tribunal administrativo.