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Condenan a los bancos españoles a pagar los impuestos de las hipotecas

Condenan a los bancos españoles a pagar los impuestos de las hipotecas

Las acciones de los bancos españoles se derrumbaron este jueves en la Bolsa de Madrid tras publicarse una sentencia del Tribunal Supremo que cambia su criterio anterior y establece que son las entidades, y no los clientes, quienes tienen que pagar los impuestos al firmar las hipotecas.

Para ello el tribunal tiene en cuenta una teoría de la que ya advertían expertos y abogados que defendían la misma tesis que ahora ha fijado el Supremo: que el único interesado en que se inscriba un préstamo con escritura pública es el banco, porque solo con esa inscripción podrá después ejecutar la hipoteca si, por ejemplo, hay impagos. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

El sector es especialmente sensible a la sentencia puesto que la actividad hipotecaria es clave en su negocio. "La sentencia, muy negativa para los que quieran hipotecarse a partir de ahora, se suma a la incertidumbre actual en el sector bancario, que sigue a la espera de que se apruebe la nueva ley hipotecaria". Las cantidades varían entre el 0,5% y el 2% del total de la hipoteca, dependiendo de la legislación regional.

Según asociaciones de defensa de los clientes de los bancos, la medida podría afectar a entre 6,5 y 8 millones de préstamos.

La resolución judicial llega en un momento en el que el conflicto de las cláusulas suelo aún no se ha resuelto por completo, y el de los gastos hipotecarios tampoco.

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El importe de esas operaciones rondó los 190.000 millones de euros, y dado el importe del gravamen, que oscila entre el 0,5 % y el 1,5 %, las entidades financieras tendrán que desembolsar alrededor de 1.900 millones de euros.

En el peor de los escenarios posibles, en que los bancos deban devolver todo el impuesto de actos jurídicos documentados más el resto de gastos de formalización (como notaría o registro), Mirabaud calculaba que Bankia, Bankinter y Unicaja serían las entidades más afectadas en su margen de explotación, de acuerdo con el tamaño de sus hipotecas y su distribución geográfica, más concentrados en zonas con mayores demandas.

La nueva sentencia cuenta con un voto particular discrepante, emitido por el magistrado Dimitry Berberoff, que postula el mantenimiento de la jurisprudencia anterior, y otro concurrente, del magistrado Nicolás Maurandi, que considera que la sentencia debió incidir en la existencia de dos impuestos: en el de actos jurídicos documentados y en el principio de capacidad económica previsto en el artículo 31 de la Constitución.

Y añade que solo a él le interesa la inscripción de la hipoteca (el elemento que determina el pago del impuesto), pues ésta carece de eficacia alguna sin la incorporación del título al Registro de la Propiedad.