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Organización de DDHH cierra oficinas por amenazas alarmantes

Organización de DDHH cierra oficinas por amenazas alarmantes

El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, tuvo que huir a Costa Rica debido a amenazas contra su vida, informó una portavoz de la organización humanitaria, que cerró temporalmente su oficina en Managua por razones de seguridad.

"No podemos asegurar cuando regresaremos a nuestro país aunque seguimos trabajando cambiando de formula operativa".

Representantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) discutieron este lunes la situación en el país después de conocer el exilio del activista por amenazas contra su vida.

La asociación informó el domingo en un comunicado que cerraba su sede en Managua en vista de que han sido víctima del asedio de grupos armados no autorizados y recibieron llamadas telefónicas de amenazas.

Leiva, quien a través de un comunicado anunció el cierre temporal de las oficinas de la Anpdh en Nicaragua, se fue a Costa Rica, aunque se desconoce si solicitó asilo.

El organismo indicó que su trabajo se ha visto amenazado "tras haber recibido información alarmante sobre la activación de prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización sin fundamento legal" contra sus defensores de derechos humanos.

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"Confieso que nunca he imaginado presenciar un autoexilio en su exacto instante".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denominado este tipo de acciones como una "tercera fase" de represión consistente en la "criminalización de los manifestantes", señalando que es "más ruda, más explícita y burocrática".

El presidente de la ANPDH, Roberto Sólorzano, calificó lo ocurrido de "gravísimo" y dijo que "esto lleva al máximo nivel la prueba" a nivel internacional de que el "ataque a las defensorías de derechos humanos en Nicaragua ya llegó a niveles sin precedentes".

Esta organización ha sido una de las más activas en la defensa de los derechos humanos en medio de la crisis sociopolítica, y ha coincidido con la CIDH en responsabilizar por cientos de asesinatos a las "fuerzas combinadas" del Gobierno, compuestas por policías, parapolicías, paramilitares y grupos de choque oficialistas.

Las protestas contra Ortega, a quien sus críticos acusan de abuso y corrupción, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en reclamaciones para que renuncie a la presidencia, que ocupa de forma ininterrumpida desde hace once años.