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El gobierno nacional oficializó reforma administrativa vía decreto

El gobierno nacional oficializó reforma administrativa vía decreto

La normativa impuesta por decreto no dejará de traer polémica porque modifica y deroga leyes aprobadas por el Congreso Nacional, y se nuevamente estará en cuestión el avance de esta administración sobre sus potestades constitucionales, que anteriormente ya intentó sobrellevar como cuando designó jueces de la Corte Suprema por esta misma vía y tuvo que volver atrás, entre otras oportunidades. De ese modo, el Gobierno se ahorrará 100 mil millones de pesos, dijo el ministro de Producción, Francisco Cabrera.

Según las consideraciones del DNU, su publicación hoy responde a la "urgencia en la necesidad de remover estas trabas lo antes posible" porque afectan la capacidad del Estado de "hacer bien su trabajo" y de avanzar hacia un funcionamiento "dinámico y eficaz" de la gestión pública orientada a incentivar "la inversión, el empleo y la inclusión social".

En conferencia de prensa, Cabrera aclaró que este proceso de simplificación "no significará reducción de personal en ningún caso".

El decreto incluirá más de 40 normas y 70 medidas para efectivizar los tiempos empresariales e incluirá varias áreas dentro del Estado: los ministerios de Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía y también la AABE, Anses y el Banco Central. Junto al ministro estaban Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica, Pedro Inchauspe secretario de Simplificación Productiva y Pedro Sorop, jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte.

Señaló que el decreto elimina "normas antiguas o desactualizadas, que obstaculizan procesos internos de competitividad de la economía y procesos de autorización excesivamente complejos".

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Al día siguiente, se incorporarán al diálogo los delegados de México, Chile, Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas.

El decreto autoriza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS a realizar otras operaciones financieras como la creación de fideicomisos financieros y "otorgarle modernos instrumentos para invertir sus activos en otras operaciones financieras", explicó el ministro.

- Los llamados iniciales de licitaciones de obras públicas ya no tendrán que publicarse en los boletines oficiales de las provincias y/o municipios afectados.

- Se elimina la obligación de que las sociedades comerciales presenten de manera encuadernada sus libros contables, tal cual lo establece el Código Civil y Comercial, y serán reemplazados por libros digitales.

El decreto también reduce los plazos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) por informalidad laboral.