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Acusarán de rebelión a Carles Puigdemont

Acusarán de rebelión a Carles Puigdemont

El viaje se ha hecho público apenas una hora después de que el fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, anunciara la presentación de una querella ante la Audiencia Nacional por rebelión, sedición y malversación contra él y el resto del Gabinete catalán, así como otra querella ante el Tribunal Supremo contra la mesa del Parlamento.

Maza considera que los ya exconsejeros "a lo largo de los dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con una declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio" a la Constitución española el pasado 27 de octubre.

La segunda, ante el Tribunal Supremo, se dirigirá contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que autorizaron la votación de la declaración independentista.

La querella contra los miembros del ex gobierno catalán se presenta en la Audiencia Nacional, competente para investigar estos delitos, porque los acusados ya no tienen fueros al haber sido cesados de sus cargos el pasado viernes.

En este caso se presentará la denuncia ante el Tribunal Supremo, lo más probable es que se haga el próximo lunes, una vez que se haya perfilado el número de imputados y el contenido de la querella.

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La razón de que se presenten dos querellas es que tanto Puigdemont como los miembros de su Gobierno ya han perdido la condición de aforados después de su cese tras la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, mientras que Forcadell y los miembros de la Mesa Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet siguen siendo aforados, al ser integrantes de la Mesa del Parlament.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El expresidente Carles Puigdemont entona el himno catalán tras la declaración de independencia.

La Fiscalía pide también que se incluya "la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros".

"Para la consecución del fin secesionista, los querellados se valieron de la población en incesantes actos de insurreción pública, desobedeciendo o resistiendo colectivamente la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos, y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso en actos que alcanzaron dimensión suficiente para colmar el elemento de violencia que requiere el tipo", concluye el fiscal, que también les atribuye los delitos de sedición y malversación. El delito de rebelión está penado en España con hasta 30 años de prisión.

Las querellas afectan a una veintena de dirigentes del proceso soberanista.